A su vez las exportaciones de bienes crecieron un 3,65 por ciento entre enero y febrero, sobre en el sector azucarero y las maquilas, y también se elevaron las exportaciones no tradicionales, dentro y fuera de América Central.
La inflación permanece baja pese a una mayor demanda de la población, compensada por un incremento de la oferta interna y de las importaciones, aunque persiste una brecha salarial entre el campo y la ciudad que ronda los 250 dólares.
La recaudación por aranceles creció 3,7 por ciento, la de renta un 3,3 por ciento y la del Impuesto al Valor Agregado (IVA) un 1,4 por ciento, tributos que representan el 85 por ciento de la recaudación del gobierno.
Según economistas consultados por Prensa Latina, el panorama sería mejor si pudiera cortarse el drenaje financiero de la evasión fiscal, o si finalmente fuera aprobado un impuesto al patrimonio, que obligara a los más ricos a contribuir más.
Por otro lado, las trabas de la opositora Alianza Republicana Nacionalista (Arena) a las propuestas de financiación del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) encarece los servicios por el inevitable recorte de subsidios.
A diferencia de Arena, el gobierno cumple con la Ley de Responsabilidad Fiscal, pues implementa medidas efectivas para reducir el gasto público en los únicos ámbitos que puede hacerlo: la compra de bienes y servicios, y los subsidios.
El gobierno optó por focalizar las subvenciones para proteger a los sectores más vulnerables, y aunque las tarifas de electricidad, gas y agua subieron, eran mucho más caras antes de que el FMLN reorientara los subsidios.
La mencionada Ley de Responsabilidad Fiscal persigue además bajar los niveles de la deuda pública para ganar solvencia y cubrir las obligaciones del gobierno con los programas sociales del Plan El Salvador Productivo, Educado y Seguro.
