En la solicitud también se inculpa la política del presidente ultraderechista Jair Bolsonaro a favor de la explotación agrícola y minera en la mayor selva tropical de mundo.
‘Aspiramos a que las autoridades tomen medidas. No queremos perder a nuestros ancianos, a nuestros hijos, no queremos llorar más’, afirmó Kopenawa durante una cita online con congresistas y organizaciones vinculadas a la causa nativa.
Imágenes de ambos líderes se mostrarán esta noche frente al Congreso en Brasilia como parte de la acción.
Grupos de comunidades originarios y organizaciones no gubernamentales aseguran que existen unos 20 mil mineros ilegales en tierras yanomami, donde viven unos 27 mil aborígenes en un espacio de 96 mil kilómetros cuadrados en el norte de Brasil, en la demarcación con Venezuela.
Según la Articulación de Pueblos Indígenas de Brasil (APIB), se registran hasta el momento más de 880 muertes y 40 mil contagios por la Covid-19 que afectó a 161 pueblos originarios, la mayoría en la Amazonia (norte).
La asociación señala en su página oficial que el primer caso de contaminación entre sus comunidades fue el de una joven de 20 años del pueblo Kokama, el 25 de marzo, en el municipio amazónico de Santo Antônio do Içá.
Para la APIB, además del virus, las amenazas a los pueblos indígenas son muchas y se intensifican con la negligencia y ataques de la administración de Bolsonaro.
‘Las tentativas de cambio legislativo, el discurso de odio, el racismo institucional y el avance del agronegocio sobre los territorios caracterizan la relación del Gobierno federal con los indígenas brasileños’, denuncia.
De acuerdo con el último censo nacional, unos 900 mil brasileños se reconocen como nativos. Sin embargo, en las últimas décadas, los expertos aseguran que aumentó este número. Se trata de familias mixtas expulsadas de sus territorios a lo largo del tiempo y que ahora buscan recuperar su identidad colectiva.
