En la acción, la Policía Federal arrestó a sospechosos que piratearon teléfonos celulares de autoridades.
Tales peticiones de la defensa fueron enviadas al juez Gebran Neto, del Tribunal Federal de la cuarta Región (TFR-4)
La octava sala del TFR-4 negó compartir mensajes considerados ilegales y Gebran entendió que las conversaciones entre fiscales no pueden ser utilizadas como prueba en los casos del exdirigente obrero.
Al respecto, los juristas indicaron que ‘el Estado no puede acusar a un ciudadano y, al mismo tiempo, negar al acusado el acceso a las pruebas en su poder que refuerzan los argumentos defensivos’.
Señalaron que la sala debería pedir investigación del material si persiste alguna duda sobre la autenticidad de las conversaciones, que fueron divulgadas por varios medios de comunicación.
Los diálogos, intercambiados a través de la aplicación Telegram, sugieren una intimidad entre Moro y la acusación, comandada por el fiscal Deltan Dallagnol, coordinador de la Lava Jato, que compromete la imparcialidad de las decisiones contra Lula.
En febrero, el fundador del Partido de los Trabajadores fue sentenciado a 12 años y 11 meses de prisión en un proceso penal por las reformas realizadas en el sitio de Santa Bárbara, en Atibaia, que supuestamente le fue entregada como soborno. Lula siempre ha declarado su inocencia y que resulta víctima de una persecución judicial y política que busca evitar su regreso a la presidencia.
