La fiebre del oro arrasa la Amazonia venezolana
Esa es una de las mayores preocupaciones de los investigadores. La minería ilegal atomizada y la que ha sido permitida por el Gobierno de Maduro, aunque no hay información pública sobre la distribución de los yacimientos ni transparencia sobre los volúmenes de la extracción que, según investigaciones periodísticas en la zona, en su mayoría se va por los caminos verdes y no llega a las arcas del Banco Central de Venezuela. Para Álvarez, el cuadro se ha agravado y salido de control en medio de la profunda crisis política, económica y social que atraviesa Venezuela.
«Hace 20 años la minería de oro estaba concentrada en el municipio Sifontes del Estado Bolívar. Por la geología de la región ahí están las vetas de oro más importantes y ocurría una minería artesanal de muy pequeña escala en la que estaban involucradas algunas comunidades indígenas. Lo de ahora está relacionado con dos efectos: el aumento del precio del oro en el mundo —que la guerra comercial entre EE UU y China estimula— y la debacle económica de Venezuela, que ha impulsado una minería de supervivencia con una devastación masiva del ambiente y con violaciones de derechos humanos», dice Álvarez.
«Se deforesta para que acampen los mineros y en el borde de los ríos, por el tipo de extracción. Se arrasan entre dos y 10 hectáreas por punto minero. Así se hace muy difícil hacer una categorización de los mineros, que solo en poquísima cantidad son artesanales. La mayoría está usando máquinas, motobombas y mercurio con reportes de población contaminada a través de la bioacumulación de la sustancia en peces de consumo», señala Vilisa Morón, bióloga y presidenta de la Sociedad Venezolana de Ecología. «Para tener estos números de deforestación y esta situación tienes que tener a muchísima gente haciendo minería y esa es una de las grandes vergüenzas que tenemos al sur del Orinoco», lamenta.
Sustituto del bolívar
Hay casi 80 puntos de minería en parques nacionales. Se ven en Canaima, en Yacapama, en la cabecera del Caura que hasta hace poco era un sitio prístino, incluso en la Reserva de Biosfera Alto Orinoco-Casiquiare, un tepuy a 1.300 metros de altura, denuncia Morón. El oro, junto con el dólar, ha sustituido al devaluado bolívar como moneda en la economía del sur de Venezuela, donde se puede pagar con gramas de oro —pepitas del mineral— ropa, zapatos y teléfonos móviles en cualquier tienda. Esta semana un gramo de oro se cotizaba entre el equivalente a 27 y 36 euros, treinta o cuarenta veces el salario mínimo.
«Todos los países que conforman la panamazonía son responsables de esta zona, donde viven 30 millones de personas. Ni siquiera hay que pensar en el efecto a largo plazo, porque el problema es hoy», señala Álvarez. «Hay un montón de personas que está sufriendo las consecuencias de la falta de controles y políticas ambientales equivocadas promovidas tanto por populismos de derecha como de izquierda. La cantidad de millones de dólares que salen de ahí no compensan lo que va a costar esto en salud y en muertes. Apostar a largo plazo a la minería es insostenible porque en los ecosistemas amazónicos los costos de recuperación son enormes. Y Venezuela ya no es la de 1999, ahora es un país pobre».
UN DETERIORO CRECIENTE EN CADA LUSTRO
En las leyes venezolanas está totalmente prohibida la minería en el Estado Amazonas. Tampoco está permitido en los parques nacionales y áreas protegidas y ya se da en todos. Fuera de la zona donde están las grandes vetas, el mineral se encuentra en pequeñas cantidades y su extracción implica la remoción de grandes extensiones de terreno para poder sacar el botín, con consecuencias ambientales más devastadoras. El furor del oro ha hecho que Venezuela sea el único país en la región que aumentó su tasa de deforestación entre 2000 y 2015, según las mediciones de RAISG cada cinco años.
En esos 15 años se perdieron 5.265 kilómetros cuadrados de bosque en la Amazonia venezolana de los siete millones del ecosistema. Esta pérdida de cobertura boscosa fue incrementándose cada quinquenio: el 17% de la deforestación ocurrió entre los años 2000 y 2005; el 29,4% entre 2006 y 2010; y en el siguiente quinquenio se registró el 53,6% de la pérdida de cobertura boscosa.