Por Osvaldo Rodríguez Martínez
Alexander señaló que en los últimos 12 años el coeficiente de ahorro del sector público no financiero (SPNF) −que es el monto de los ahorros en función de la producción− ha ido ‘reduciéndose’, a tal punto, que el año pasado era inferior al de 2017.
Tales declaraciones confirman los rumores y aprehensiones de las nuevas autoridades designadas, entre ellas del vicepresidente José Gabriel Carrizo, quienes adelantaron a la prensa sospechas de un ‘hueco’ financiero, lo que provocó roces durante la transición con el mandatario Juan Carlos Varela.
Sin embargo, las revelaciones de que la información brindada por el actual Gobierno no fue suficiente para realizar un análisis realista sobre las finanzas públicas, obligó al propio Alexander a pronosticar que al final del año el SPNF puede tener un déficit superior a lo permitido en la ley.
Para terminar el ejercicio fiscal del pasado año, la administración encabezada por Varela debió solicitar a la Asamblea Nacional el desembolso extra de 300 millones de dólares para cubrir ‘gastos impostergables’, pero de forma reiterada recibió críticas por desembolsos que expertos consideraron injustificados.
La llamada partida discrecional, una cuenta presidencial sin límites visibles, permitió el pago de cuantiosas facturas de bebidas alcohólicas y cirugías estéticas de funcionarios bien remunerados, que fueron elementos recurrentes en señalamientos a la gestión económica de la administración.
No obstante, después del proceso de traspaso del MEF a las nuevas autoridades, el ministro designado reveló falta de información respecto a la totalidad de las deudas y compromisos estatales, e incluso, aseveró que se desconoce cuánto se adeuda en subsidios a la banca privada que financia viviendas con intereses preferenciales en coordinación con el Estado.
A ello se unen las cuentas por pagar a múltiples empresas privadas, que a criterio de especialistas ralentizó el desempeño del consumo por la contracción de circulante, elemento de constantes quejas de comerciantes y prestatarios de servicio, quienes responsabilizan de ello al gobierno por malos manejos económicos.
‘Existen muchas obligaciones por pagar que no tienen partidas presupuestarias y tenemos que averiguar eso en las diferentes instituciones. Vamos a tener toda una fuerza de tarea desde que entremos, para averiguar ese universo de cuentas por pagar que no tienen partida presupuestaria’, advirtió el titular designado.
Múltiples críticas en un fuego cruzado provocaron la renuncia el jueves pasado de la ministra de Economía y Finanzas, Eyda Varela, a tres días de concluir su mandato, lo que exacerbó la molestia generalizada contra su desempeño y suspicacias acerca de las verdaderas motivaciones.
Su antecesor, Dulcidio de la Guardia, quien también renunció al cargo en junio de 2018, abandonó ayer las juntas directivas de los estatales Aeropuerto Internacional de Tocumen y Empresa de Trasmisión Eléctrica, tras serias acusaciones de nepotismo y tráfico de influencias realizadas por un diario local.
El escenario que deja el gobierno al cumplir su quinquenio se ensombreció aún más, con la reinclusión del país en la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional por incumplimiento en el combate al lavado de dinero, tras una gestión económica donde el crecimiento fue la bandera, pero también sufrió desaceleración.
Las palmas se escucharán solo desde algunos sectores empresariales poderosos, cuyas arcas se llenaron en el período reciente, mientras casi la cuarta parte de la población está sumida en la pobreza en el sexto país más desigual del mundo.
