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Los Crímenes desde el Estado Dominicano

Por Rey Díaz

 

Ciudad de Nueva York. El asesinato del periodista Gregorio García Castro durante los doce años del Doctor Joaquín Balaguer la noche del 28 de Marzo de 1973, marcó una época de violaciones a los derechos humanos que han continuado en los gobiernos Reformista, Perredeísta, y Peledeísta hasta el día de hoy.

Ese asesinato fue un crimen de Estado que a los 44 años de sucedido todavía no se ha resuelto, al igual que otros crímenes anteriores y posteriores a esa época. Aunque los oficiales de la Policía Nacional, el teniente Juan María Áreas Sánchez, el cabo Milton de la Cruz Lemus, y el Raso Rafael Pérez Pereyra se conocieron como los autores materiales, sin embargo los autores intelectuales todavía siguen libres y sin conocerse sus nombres.

Desde el asesinado de Estado del periodista García Castro hasta el presente ha habido un silencio entre la justicia y el Estado que dejan entrever la complicidad de los gobiernos de turno que han guiado la nación.

Ni el gobierno de Don Antonio Guzmán, ni mucho menos el de Salvador Jorge Blanco, como tampoco el de Hipólito Mejía, por parte de los perredeísta fueron capaces de pasar cuenta a los múltiples asesinatos cometidos durante el reformismo Balaguerista. No existió voluntad jurídica ni se tomaron medidas para esclarecer los horrendos crímenes de Balaguer durante esos doce años.

El perredismo tuvo la oportunidad de ofertar un cambio radical en la forma de administrar la justicia y los bienes del Estado, con un sistema transparente democrático, carente de los asesinatos del balaguerismo y sin la corrupción galopante que caracterizó los doce años de Balaguer; escudado por las flaquezas de un sistema centrado en la figura presidencialista, en vez de un sistema que obedezca a la constitución y las leyes vigentes en el país.

Lo mismo se puede decir de los gobiernos del PLD con Leonel Fernández y más recientemente el gobierno del presidente Danilo Medina. En todos estos gobiernos el sistema de justicia ha jugado un papel crucial en el mantenimiento de ese silencio cómplice extendido por varias décadas cuyos archivos han quedado engavetados en las cortes de justicia de la República Dominicana.

El conflicto de impartir justicia es una carencia de la cual adolece nuestro sistema jurídico pero en esencia no es solo circunstancial sino también de fondo pues está basado en una práctica política que ha marcado toda una era ínter generacional entre los políticos dominicanos del siglo pasado y el presente.

Este enfoque no refleja pesimismo político pues un análisis como este que evalúe las actuaciones de los políticos, la falta de impartir justicia con equidad, la acumulación ilícita de capital producto de la corrupción, los sobornos, y la falta ética de administrar los fondos del Estado; practicas comunes que han seguidos los gobernantes desde la muerte de Trujillo hasta ahora; exceptuando, claro está el gobierno de los 7 meses del profesor Juan Bosch.

El enigma caótico reside en dos áreas esenciales: la primera es que no parece vislumbrarse en el radar político un líder que pueda ofertar una práctica distinta de la que hemos visto hasta ahora. La otra, que bien pudiera ser la de un pueblo que sigue esperanzado en que la solución al crimen de Estado, la corrupción, el enriquecimiento ilícito, la inseguridad ciudadana, así como también la impunidad desde las esferas del poder podrán encontrar solución entre los partidos tradicionales y ante la aparición de un líder mesiánico.

Quizás muchos dominicanos añoran obtener una cuota de poder para lograr hacer la hazaña que lo catapultarán desde la pobreza a la abundancia y de esta última a la corrupción e impunidad que tanto han disfrutado los grupos entre los principales partidos políticos que inciden en la parcela política dominicana.

Por más difícil que parezca –a simple vista este análisis sobre los crímenes desde el Estado dominicano– las características propias del electorado no se pueden medir a ciencia cierta ante la actual tasa de preferencia del electorado que favorecen a los partidos con más alto nivel de corrupción, impunidad y crímenes en la historia reciente de esta nación caribeña.

Es probable que ese alto nivel de preferencia incida en el hecho de que como nación seguimos añorando, fomentando y promoviendo el caudillismo.

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