Hernández, coronela del ejército estadounidense, anunció que la Policía de Puerto Rico monitorizará las redes sociales de grupos y ciudadanos ante el anunciado paro del Día Internacional de los Trabajadores, convocado por diversos sindicatos ante la conculcación de derechos laborales mediante nuevas leyes en vías de aprobación.
El senador independentista expresó que las consecuencias de su designación se ven ahora cuando comunica una visión punitiva y cuasi militar hacia aquellos que protestan políticas gubernamentales dañinas para el país.
‘Su admisión de que se están tomando vídeos, fotografías y archivando expresiones realizadas en las redes sociales a personas u organizaciones que anticipan participar de protestas legítimas contra las políticas económicas y laborales de la actual administración constituye una práctica de espionaje cibernético’, sostuvo Dalmau Ramírez.
Su correligionario, el diputado Márquez Lebrón, afirmó que desde hace años, gracias al esfuerzo y la lucha del independentismo, los tribunales en Puerto Rico declararon inconstitucional la nefasta práctica de elaborar expedientes contra los luchadores sociales por su activismo.
‘Con esta confesión, la superintendente Hernández revive una práctica ilegal, violatoria de los derechos humanos y civiles de miles de manifestantes’, adujo el miembro de la Cámara de Representantes.
Márquez Lebrón destacó que esas órdenes de perseguir a los ciudadanos constituyen una violación a las sentencias y a la jurisprudencia que condena tal práctica que por décadas realizó ilegalmente la Policía de Puerto Rico, particularmente contra los nacionalistas y los independentistas.
‘Se trata de una nueva y condenable modalidad de persecución y carpeteo en pleno siglo 21’, subrayó Márquez Lebrón.
Ambos dirigentes del PIP emplazaron al gobernador Ricardo Rosselló Nevares, del Partido Nuevo Progresista (PNP), pro anexión, a desautorizar de inmediato las acciones de espionaje cibernético.
Además, anunciaron que solicitarán una investigación a la Comisión de Derechos Civiles y al Colegio de Abogados de Puerto Rico.
