Amnistía Internacional denuncia que al menos 13.000 presos fueron ahorcados en una cárcel siria

La organización no gubernamental Amnistía Internacional ha denunciado al Gobierno sirio, liderado por Imad Khamis, de haber llevado a cabo de manera extrajudicial el ahorcamiento de al menos 13.000 personas durante cinco años en una prisión gubernamental cerca de Damasco. La mayoría se estima que eran civiles opositores. Amnistía denuncia que se trata de una «política de exterminio», en su investigación titulada El matadero humano: Ahorcamientos masivos y exterminio en la prisión de Saidnaya, basado en entrevistas con 84 testigos, entre ellos guardias, detenidos y jueces.
La ONG revela que entre 2011 y 2015 grupos de unos 50 reclusos eran ahorcados por tandas una o dos veces por semana en mitad de la noche y en secreto en ese centro penitenciario, una práctica que es posible que continúe en vigor. Durante este modus operandi, «los prisioneros tenían los ojos vendados. No saben cuándo ni cómo morirán hasta que colocaban la cuerda alrededor de su cuello», denuncia Amnistía en el informe. Los ahorcamientos solían producirse los lunes o los miércoles. Los reclusos eran llamados por sus nombres y se les comunicaba que iban a ser trasladados a otras cárceles, pero, en realidad, eran transferidos a otra celda de Saidnaya, donde eran golpeados, y después llevados a otro edificio para ser ahorcados, según la información recopilada por la ONG.
Un antiguo juez que asistió a estas ejecuciones extrajudiciales explicó que «se les mantenía (ahorcados) durante 10 o 15 minutos. Algunos no morían porque eran delgados, como los más jóvenes, cuyo peso no les mataba, así que los ayudantes de los funcionarios tiraban de ellos y les rompían el cuello». La ONG destaca en el informe que ninguno de los detenidos ahorcados en Saidnaya recibió nada parecido a un juicio real, ya que se les presentaba ante lo que se denomina una Corte Militar de Campaña, en la comparecían uno o dos minutos.
El mensaje político de Amnistía
La subdirectora de Investigación de la oficina regional de Amnistía Internacional en Beirut, Lynn Maalouf, afirmó en un comunicado de prensa que «los horrores descritos en este informe revelan una campaña secreta y monstruosa, autorizada al más alto nivel por el Gobierno sirio, con el objetivo de aplastar cualquier forma de disenso dentro de la población siria».
Maalouf consideró que ante las conversaciones de paz sobre Siria en Ginebra, previstas para finales de este mes, «no se puede hacer caso omiso a estos hallazgos. Poner fin a estas atrocidades del Ejecutivo sirio debe incluirse en la agenda y la ONU debe llevar a cabo de inmediato una investigación independiente».