Exigimos la Renuncia del Presidente Lic. Danilo Medina

Rey Díaz nadaorg.22@outlook.com
Ciudad de Nueva York, -La República Dominicana ha sido una de las naciones afectadas por los “contratos sobornos” de la compañía Brasileña Odebrecht. Los gobiernos del PRD y el PLD han mantenido un perfil de impunidad y corrupción hace cerca más o menos dos décadas dentro de sus administraciones gracias a los hechos impunes de corrupción que se habían mantenido casi ocultos durante los gobiernos del Hipólito Mejía, Dr. Leonel Fernández Reyna y del Lic. Danilo Medina.
Es así como la corrupción galopante roba a nuestro pueblo millones y millones de dólares. Y es debido a eso que le exigimos al presidente Lic. Danilo Medina su renuncia a su puesto, por su incapacidad para detener la corrupción en su gobierno
La firma Odebrecht según datos divulgados a la prensa internacional hizo contratos multimillonarios con varias naciones, incluyendo al gobierno Dominicano, donde según se supo sobornó a funcionarios del gobierno para que estos acepten la suma de 92, millones de dólares en la aprobación del contrato para la construcción de la planta en Punta Catalina.
Pero resulta ser que este no es el único contrato, ni es el primer caso de corrupción del actual gobierno del PLD, este caso de la Odebrecht, se añade a otros actos de corrupción que han quedado impunes en los gobiernos del PRD y del PLD. Esto no sucede en otros países donde las cortes de justicia funcionan cabalmente.
Nosotros creemos que es hora ya de exigir la renuncia del Lic. Danilo Medina como presidente de la República Dominicana, por los innumerables actos de corrupción que permanecen impunes bajo la administración de su gobierno Peledeísta.
La corrupción y la impunidad administrativa recorren todos los estamentos del Estado Dominicano, desde la policía nacional, las fuerzas armadas, el sistema de justicia, así como todas las distintas oficinas estatales que convierten en millonarios al vapor a funcionarios del Estado Dominicano que antes no tenían las riquezas que hoy exhiben.
En realidad, ni la justicia dominicana, ni mucho menos el gobierno está en la capacidad de investigar su propia corrupción ya que hay conflicto de interés en todo lo largo y ancho de la administración pública en la Republica Dominicana.
El pueblo dominicano está cansado de que el gobierno archive y luego desaparezca los expedientes que involucran al gobierno y a funcionarios del gobierno en actos de corrupción. El procurador general de la Republica Dominicana solo hace pronunciamientos, al igual que otros funcionarios pero solo arrestan a ciertas personas que no tienen vínculos con los dirigentes Peledeísta, mientras que los cabecillas Peledeísta, los verdaderos funcionarios corruptos, caminan libremente sin ser sometido a la justicia.
Mientras que en otros países ya hay funcionarios y políticos presos por los sobornos de la Odebrecht. Sin embargo, en la República Dominicana, el asunto no pasa de ser investigado. Y los funcionarios Brasileños, como los dominicanos que dieron y recibieron el soborno millonario, todavía andas como si nada hubiese pasado.
La marcha organizada y pactada para el domingo próximo 22 de Enero, en la Republica Dominicana, New York, y Miami deben no solo llevarse a cabo para exigir el cese de la impunidad, sino también para exigir al gobierno dominicano que renuncie a su posición por ser incapaz de someter a los funcionarios corruptos a la acción de la justicia.
El gobierno también es incapaz de exigir a sus funcionarios y a las firmas que tienen contratos con el gobierno Dominicano una transparencia cristalina, en la administración de los recursos del Estado.
Como el gobierno dominicano no es garante de hacer este tipo de acuerdos sin el flagelo de la corrupción administrativa, entonces debemos exigir la renuncia del Presidente Lic. Danilo Medina ya que es incapaz de obedecer la constitución de la República Dominicana.
La Republica Dominicana sigue siendo un país rico, mal administrado. Y hasta que no eliminemos la corrupción en la administración pública del Estado, nuestra gente, especialmente los sectores marginados por la pobreza extrema, serán los más vulnerables de seguir sufriendo el crimen de la impunidad estatal.